Panorama Michoacán Noticias RAFAEL OCHOA HERNÁNDEZ. DIRECTOR
Desde enero, la administración Trump ha permitido al ICE ingresar a escuelas e iglesias con la intención de encontrar y arrestar a migrantes indocumentados. Esto representa un cambio radical respecto a una política de la era Obama que protegía de las redadas lugares sensibles, como aquellos donde los niños pequeños estudian.
En febrero, la asambleísta de Nevada Cecelia González (demócrata por el condado de Clark) propuso la ley AB 217 , que prohibiría al ICE ingresar a las instalaciones escolares sin una orden judicial. El proyecto de ley se encuentra actualmente en comisión.
Los distritos escolares de los condados de Washoe y Clark han aprobado resoluciones comprometiéndose a proteger a los estudiantes y su información del ICE. La AB 217 estandarizaría este compromiso en todo el estado de Nevada al promulgarlo, a diferencia de una resolución menos vinculante.
Si es aprobada por ambas cámaras del gobierno estatal (ambas controladas por demócratas) y firmada por el gobernador, un republicano, la AB 217 haría ilegal que los distritos escolares, las escuelas públicas y cualquiera de sus empleados ayuden a ICE u otras autoridades de inmigración dándoles acceso a terrenos, edificios o instalaciones escolares sin una orden judicial.
El gobernador Joe Lombardo tendría que tomar su decisión sobre el proyecto de ley con bastante rapidez, porque en Nevada, los proyectos de ley se convierten automáticamente en ley si el gobernador no firma o veta un proyecto de ley dentro de los cinco días (excluidos los domingos) para actuar sobre un proyecto de ley si la sesión legislativa todavía está en curso; si se ha suspendido, el gobernador tiene 10 días (excluidos los domingos) para firmar, vetar o permitir que el proyecto de ley se convierta en ley sin una firma.
La AB 217 también convertiría en un delito menor que los empleados de escuelas o distritos públicos revelen el estatus migratorio de un estudiante o de la familia o el hogar de un estudiante a ICE o a las autoridades de inmigración.
Existe un precedente legal para el proyecto de ley de González. En el caso Plyler contra Doe de 1982 , la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que todos los niños tienen derecho a la educación pública gratuita en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio.
